Entre el 16 y el 17 de mayo de 2025, la provincia de Buenos Aires vivió uno de los eventos climáticos más severos de los últimos años. En solo 48 horas llovió lo que, en promedio, debería precipitar durante todo el mes. Fue, sin dudas, un fenómeno excepcional. Pero la emergencia que provocó —más de 2.000 personas evacuadas, rutas nacionales cortadas, barrios enteros bajo el agua, comercios destruidos y actividades paralizadas— dejó al descubierto algo que no es nuevo: una infraestructura obsoleta, falta de mantenimiento sistemático, años de abandono y una preocupante ceguera política frente a los efectos del cambio climático.
Las zonas más afectadas fueron el noroeste y sudeste de la provincia, incluyendo amplias regiones del conurbano bonaerense. Allí, donde viven millones de personas, muchas en condiciones de alta vulnerabilidad social, el agua no sólo inunda calles: arrasa viviendas precarias, interrumpe servicios básicos, impide trabajar, estudiar y desplazarse. En algunos municipios, el colapso fue total: cloacas rebalsadas, centros de evacuación saturados y la circulación prácticamente detenida por la interrupción de rutas clave que conectan con los principales centros de distribución del país. El impacto económico de esto aún no puede medirse con precisión, pero ya es evidente: la cadena logística, una vez más, quedó expuesta a su fragilidad estructural.
Y sin embargo, este escenario es consecuencia directa de decisiones (o la falta de ellas). Años de desinversión en infraestructura hídrica, planes de urbanización desarticulados, falta de mantenimiento de canales y arroyos, obras hidráulicas sin terminar o jamás iniciadas. Los gobiernos provinciales y nacionales, sucesivamente, han postergado lo impostergable: proteger a la población de fenómenos que, lejos de ser impredecibles, son cada vez más frecuentes e intensos.
El actual gobierno nacional, en línea con su política de recorte y motosierra al gasto público, ha paralizado prácticamente todas las obras de infraestructura. En nombre de una supuesta eficiencia económica, se ha congelado la inversión que permitiría evitar —o al menos mitigar— tragedias como la que estamos viendo. La lógica fiscalista olvida que cada obra cancelada hoy es una catástrofe asegurada mañana.
Pero la crisis no termina ahí. El fenómeno de las lluvias extremas no es un capricho del clima: es parte de un patrón global ya documentado por la ciencia y expuesto en cientos de foros globales. El cambio climático altera el régimen de precipitaciones, aumenta la frecuencia de eventos extremos y hace más imprevisible el comportamiento atmosférico. Las ciudades y regiones que no se preparan para este nuevo escenario están condenadas a repetir —y multiplicar— estos desastres. En este contexto, no invertir en infraestructura es una forma de abandono estatal.
La situación actual puede y debe ser leída como una alerta nacional. Porque no es solo un problema de los bonaerenses afectados (que son miles y el impacto económico en sus vidas es brutal): es una cuestión de planificación productiva, de logística, de desarrollo federal. Las rutas cortadas afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles, insumos industriales. Los comercios que no abren, las industrias que se frenan, los transportes que no llegan, son una cadena de costos invisibles que el país entero paga.
Y esto nos obliga a mirar más allá de la emergencia inmediata. La falta de infraestructura hídrica tiene su correlato en otras áreas críticas del desarrollo. Por ejemplo, el sistema de transporte de energía eléctrica sigue operando bajo un esquema técnico y territorial que no se modifica sustancialmente desde hace más de 50 años. Sin energía, no hay producción; sin logística, no hay comercio; sin redes modernas, no hay digitalización posible. El desarrollo de las Energías Renovables en la Argentina está ralentizado sobre todo por ese cuello de botella. No podemos transportar más energía. Eso requiere de obra pública.
Hablar de una “Argentina del conocimiento”, de una economía digital, de programadores exportando servicios al mundo o de pagos con criptomonedas, mientras miles de personas pierden todo por una lluvia, suena casi cínico. No se puede proyectar el futuro sin resolver los déficits básicos del presente.
Es decir, el Gobierno Nacional no cree en el cambio climático ni cree en la obra pública. La realidad le está cacheteando la cara…
Porque mientras discutimos con razón sobre déficit, gasto, presión impositiva o eficiencia del Estado, hay una verdad incómoda que no se puede seguir ignorando: si no reconocemos que el cambio climático ya está entre nosotros, nada de eso será sostenible. Sin infraestructura adaptada y sin políticas públicas que incoporen la visión de la nueva realidad climática, ningún equilibrio fiscal ni plan productivo tendrá suelo firme donde construirse. Es hora de entender que la agenda ambiental no es un anexo verde para ONGs: es una agenda de desarrollo. Discutir economía sin discutir clima es cómo diseñar un edificio sin mirar los cimientos. Integrar ambas dimensiones no es una opción ideológica, es una necesidad estratégica para que el país pueda crecer sin volver a quedar bajo el agua.
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