(Levantar edificios no es lo mismo que construir sociedades)
En los últimos meses, Beltrán —un joven emprendedor inmobiliario— ganó presencia en televisión con una propuesta tan simple como polémica: relocalizar a todos los habitantes de la Villa 31 para liberar suelo y destinarlo a un emprendimiento de lujo. Según él, el negocio sería tan rentable que los costos de trasladar a miles de familias quedarían cubiertos por la inversión privada representando costo cero al Estado. A simple vista, un supuesto win-win que en la calle muchos resumen en un “tiene sentido”.
Beltrán expresa un sentido común arraigado en una cultura que se resguarda en ladrillos y dólar billete, que busca retornos inmediatos y horizontes de 5 a 10 años, que desconfía del sistema tributario y de la “casta política”. En un país acostumbrado a la inestabilidad, es lógico que la mayoría de los ciudadanos actúen desde el corto plazo. Muy pocos en este país pueden pensar a 30 o 50 años.
Este sentido común, maltratado por las crisis recurrentes y que descree de las instituciones políticas, es contexto ideal para que figuras como Beltrán o Milei generen engagement al ofrecer soluciones rápidas y simples.
Sin embargo, el cortoplacismo choca con la política pública, la herramienta esencial para el diseño de sociedades a largo plazo. En un contexto donde las instituciones y las políticas públicas han perdido legitimidad, urge recuperarla con eficiencia y transparencia.
La historia argentina demuestra que las políticas públicas más transformadoras fueron, en su momento, contrarias al sentido común dominante. La Ley 1420 (1886), que estableció la educación pública, laica y gratuita, enfrentó resistencias profundas pero terminó moldeando la ciudadania y la fuerza laboral del siglo XX. Lo mismo ocurrió con la Reforma Universitaria (1918), que masificó el ingreso universitario, potenciando el ascenso social y nutriendo al complejo científico argentino al punto de convertirlo en el más laureado de Latinoamérica con varios Premios Nobel en su haber. Sin esas decisiones de la política, divergentes con la opinión de la mayoría, el país sería otro.
Vender casas Vs. Construir Sociedades
Beltrán, es un emprendedor inmobiliario, piensa desde su oficio: construye casas y evalúa el precio del suelo y del hormigón. No tiene por qué considerar los impactos sociales, familiares, educativos y productivos de desplazar a miles de personas. El entramado comunitario —las redes de cuidado, las amistades, la cercanía a trabajos y escuelas— no entra en su análisis, aun cuando la ruptura de ese tejido genera costos humanos y económicos inmensos. Y está bien: Beltrán es un emprendedor inmobiliario, levanta edificios, pero la Política Pública construye sociedades, entonces debe contemplar muchas más variables que solamente el valor del suelo y la TIR
Ese es el rol del Estado. La política pública requiere incorporar variables que ningún desarrollador contempla: cohesión social, movilidad urbana, alineación con la agenda climática, sostenibilidad fiscal, integración educativa, productividad territorial, acceso al empleo y un horizontes de largo plazo que no tiene un desarrollador inmobiliario. Pensar solo en el valor del suelo o la tasa interna de retorno es insuficiente para el buen desarrollo de una sociedad.
Paradójicamente, esta mirada de Beltrán se parece mucho a los atajos demagógicos del populismo: Una propuesta que promete resolver un problema complejo mediante una operación inmobiliaria rápida, es puro parche: luce eficiente pero ignora consecuencias estructurales.
Es importante tener en cuenta que las personas individuales no tomamos decisiones desde la racionalidad. Todas tenemos sesgos cognitivos como el sesgo de presente, de confirmación o de familiaridad —analizados por Thaler y Sunstein en su libro Nudge— que moldean el juicio social. Por eso son necesarias políticas políticas que son construcciones institucionales, anónimas, hechas por equipos de trabajo.
Podemos pensar casos de políticas contemporáneas que inicialmente fueron resistidas, como el Metrobús de la 9 de Julio, las bicicletas públicas o la donación de órganos por defecto, terminaron siendo ampliamente valoradas una vez que fueron implementadas.
El desafío es aún mayor en temas donde el corto plazo y el largo plazo chocan de manera frontal, como la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Allí, la urgencia política de las elecciones y la economía compite con las acciones necesarias, que requieren grandes cambios en el presente, pero cuyos beneficios sólo se perciben en futuras décadas. Nos cuesta horrores tomar esas decisiones como individuos y como sociedad.
Cuando el sentido común no ve resultados inmediatos, la ciencia se relativiza, la transición se posterga. Sin legitimidad política, una agenda climática robusta es inviable.
Eficiencia y equidad no son contradicciones
Por eso es imprescindible reconstruir la legitimidad de la política pública a través de mayor transparencia, apertura de datos, mecanismos de control ciudadano, y un Estado más digital, ágil y trazable. Los contribuyentes deben poder ver qué se hace con sus impuestos y qué resultados produce. Solo así se podrá volver a planificar más allá del parche y recuperar una idea colectiva de futuro.
La proliferación de discursos que prometen un Estado “simple” y “barato”, impulsados por sectores de la Alt-Right, se apoya en una falla real de las fuerzas progresistas: cedió la bandera de la eficiencia. Porque la promesa de un Estado más «simple» y menos costoso se convierte en un vector de movilización electoral {…} pero la equidad es también, y sobre todo, un Estado que funciona bien, y sobre esa visión debemos re-configurar un Estado eficiente. Que asegure un equilibrio fiscal hoy, pero un proyecto de país de oportunidades equitativas para adelante.
Eficiencia y equidad no son contradicciones, un estado que funcione bien logra ambos objetivos.
Beltrán representa un sentido común golpeado por décadas de crisis, que desconfía del Estado y de la política, y que apenas puede pensar más allá del mes a mes, del año a año. Es comprensible que figuras outsiders como él generen identificación: hablan directo a ese cansancio, y proponen soluciones individuales, rápidas, “de sentido común”.
Gestionar criptomonedas o diseñar edificios no es lo mismo que pensar un país a 30 o 50 años. Argentina necesita una nueva generación política capaz de reconstruir confianza institucional y de volver a instalar el largo plazo como horizonte compartido. Si la política no asume la transparencia y la eficiencia como un compromiso innegociable, corremos el riesgo de que cada vez más decisiones se tomen desde la lógica de Beltrán: inmediata, fragmentaria, unidimensional y desprovista de mirada social colectiva. Y ese camino, lejos de ser un win-win, nos dejará un futuro mucho más complicado de lo que imaginamos.
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